En penas de años de internamiento en campos de trabajos forzados acaban los juicios a los que se está sometiendo a la cúpula de la oposición en Bielorrusia. (AP/ Sergei Grits)
Seis años en un campo de trabajos forzados: así reza la pena impuesta a Nikolai Statkevich, uno de los candidatos electorales que concurrió contra Alexander Lukashenko en las últimas elecciones en Bielorrusia. Cinco años de condena similar le esperan a otro participante en los comicios, Andrei Sannikov, líder del movimiento Por un Belarús Europeo.
Seis años en un campo de trabajos forzados, y podría haber sido mucho peor. Hasta década y media de privación de libertad le reserva legislación bielorrusa a quienes alteran el orden público. E instigar a tal cosa hizo la oposición, se considera ahora probado, cuando el pasado diciembre miles de personas salieron a las calles de Minsk para quejarse de la manipulación electoral. Las fuerzas de seguridad procedieron brutalmente. Esa misma noche, el KGB inició las razzias. Cientos de personas fueron arrestadas; la mayoría tuvo que pasar 15 días en prisión. Quienes finalmente quedaron en las cárceles del servicio secreto y van ocupando hoy poco a poco los banquillos para escuchar sus veredictos son la cúpula contraria al régimen. O casi.
“La gente se sorprendió de que me detuvieran”, dice Ales Mikhalevich. Él mismo no lo esperaba. Mikhalevich concurrió a las elecciones, hizo campaña en el extranjero y habla inglés -lo que de por sí se considera sospechoso-, pero nunca formó parte del núcleo duro. Era más bien un candidato light, considerado mera decoración democrática en una cita con las urnas en la que había mucho escenario de cartón. “A las cuatro de la mañana vinieron a buscarme”, cuenta sobre la noche electoral, “cuando me di cuenta de que eran agentes del KGB, respiré más tranquilo. ‘Por lo menos no me van a matar’, pensé”.
El candidato moderado de la agrupación bielorrusa Unión por la Modernización, Ales Mikhalevich, vive exiliado en la República Checa. (AP/ S.G.)
Matar, no. Torturar y vejar, sí. “Sufrí todo tipo de humillaciones. Me obligaban a desnudarme y a hacer flexiones. Se reían de mí. Perdí 20 kilos. Tuve que pronunciar un discurso en televisión cuyo contenido me había sido dado”, describe Mikhalevich, “luego me trasladaron a otro centro en el que compartía una celda de ocho metros cuadrados con 15 personas. Lo que me hacían a mí se lo hacían a los demás internos, para ponerlos en mi contra y presionarme. Querían que confesase que organicé los disturbios de diciembre con el resto de los candidatos y que los acusara de promover las manifestaciones. Cuando me llevaron ante el juez, le dije que yo apenas tenía contacto con los otros políticos. ‘Pues tendrás que esforzarte por recordar’, me contestó”.
Mikhalevich cuenta su historia desde el exilio. “La condición para ponerme en libertad condicional fue que firmara un papel en el que me comprometía a trabajar para el KGB. Evidentemente lo hice, pero no tenía ninguna intención de cumplir con lo firmado”. Mikhalevich huyó a Praga. La Justicia bielorrusa lo reclama por el proceso pendiente, y ha interpuesto contra él una orden de busca y captura ante Interpol.
En las cárceles secretas del KGB, a donde van a parar quienes molestan al régimen de Lukashenko y a donde las ONG carecen de acceso y los abogados defensores sólo en función de la voluntad de los agentes, se respira un ambiente muy intelectual, bromea Mikhalevich. Como él, en ellas acabaron los restantes políticos que el 19 de diciembre pasado osaron aspirar abiertamente al cargo de presidente, además de periodistas, activistas y otros miembros de la oposición. Del destino de los demás encarcelados sabía a través de un sistema de intercambio de notitas, narra Mikhalevich: “Pero nos llegaba muy poca información. De Sannikov, por ejemplo, sólo supe que tenía problemas en una pierna. Y de Statkevich que ya no podía leer sin gafas”.
El ex candidato presidencial Nikolai Statkevich escuchó el veredicto que un tribunal de Minsk emitió en su contra tras casi cinco meses en una prisión del servicio secreto (AP/ S.G.)
“Mi padre siempre ha tenido muy buena vista”, dice Katja Statkevich. El hecho de que ahora no pueda prescindir de los lentes simboliza para ella todas las penurias del internamiento. Mucho más no sabe sobre el estado de su padre: que se declaró en huelga de hambre, que acabó en la unidad de cuidados intensivos y que se recupera sólo lentamente. Al menos, hace poco a su abogado se le ha permitido visitarlo. “Durante los primeros meses de detención no podía verlo nadie”, cuenta Katia Statkevich. Ya por aquel entonces se decía que su salud era crítica. “En todo el tiempo que lleva en prisión, nos han llegado tres cartas suyas, la mayoría en estas últimas semanas”. Leerlas alivia, asegura, “aunque en ellas sólo nos escribe que no puede escribir nada”.
Quebrar vínculos, la sensación de aislamiento de los presos, es una táctica altamente efectiva. La presión ejercida a través de las familias también. “Cuando estaba en la cárcel, me llegó una carta de una mujer que no conocía diciéndome que tenía una esposa y unos hijos muy buenos y que debía vivir por ellos, y me sugería que podía pasarles algo”, recuerda Mikhalevich. También contra Andrei Sannikov recurrió el KGB a este método. Su pierna rota y las torturas que denunció durante el juicio nunca fueron tan amedrentadoras como la amenaza de un destino inciertamente terrible para su mujer, la periodista Irina Khalip, igualmente en prisión, y la posibilidad de que el hijo de ambos, de tres años, pudiera crecer en un orfanato.
Andrei Sannikov fue condenado el 14 de mayo de 2011 a cinco años en un campo de trabajos forzados. Su mujer, la periodista Irina Khalip, tendrá que cumplir dentro de dos años una pena de dos años de cárcel.
No hay que menospreciar a Alexander Lukashenko, advierte Katja Statkevich: “Siempre se dice que está loco y él se esconde detrás de esa supuesta enajenación. Pero, más allá de las alteraciones psicológicas que no dudo que pueda padecer, Lukashenko es más inteligente de lo que se cree. Sabe que ahora la Unión Europea está obligada a imponerle sanciones. Pero también sabe, porque así ha sido durante estos últimos 17 años, que en algún momento las levantará y todo volverá a ser como antes”.
Alexander Lukashenko sabe incluso que, pasada la indignación inicial y con algo de distancia temporal, si en el futuro próximo decide conmutar o levantar las penas de seis y cinco años en un campo de trabajos forzados que ahora pesan sobre Sannikov y Statkevich, Europa dará seguramente la bienvenida al gesto como un paso en la dirección correcta, porque también así ha sido durante los últimos 17 años.